ENSAYO FINAL PUBLIC CHOICE
LIBERTAD Y LÍMITES.
Los individuos que en definitiva
son parte de una colectividad –también llamada sociedad- tienen la particular
característica de poder vivir juntos y bajo una relativa armonía, gracias a que
esa organización social continúa siendo a pesar de todo, la manera más adecuada
a través de la cual, las personas pueden alcanzar el logro de sus objetivos
particulares, ya que esta figura como tal provee los medios más eficientes para
lograr tales fines.
De alguna manera lo anterior
implica que desde el punto personal, una persona o grupo de ellas de ninguna
manera deben procurar la imposición coactiva de aquellos valores que les
representan y que consideran que son los mejores desde su particular
percepción, puesto que al final solamente se es un individuo entre muchos más,
y porque tales imposiciones provocan
choques innecesarios que posteriormente derivan en un desorden social.
De ahí que, la única manera a
través de la cual, los individuos pueden lograr satisfacer sus deseos y
demandas consiste en respetar aquellos acuerdos mutuos y pacíficos entre sus
semejantes, mismos que se logran mediante la figura del llamado Contrato
social.
No se puede concebir entonces, y
bajo este punto de vista a una sociedad de tipo anárquico, ya que para lograr
que la civilización sobreviva y por ende, también las sociedades, debe entonces
establecerse normas de conducta que deben ser aceptadas y respetadas por todos,
lo cual se logra mediante la coacción del Estado, facultándolo para que vele
por el cumplimiento del orden social.
EL SOSTÉN DE LA LIBERTAD
Bajo un orden libre, puede
decirse que las relaciones de intercambio se llevan a cabo con total normalidad
en virtud de las normas impuestas por la sociedad y que no permiten acciones
que atenten en contra de los intercambios voluntarios entre personas, toda vez
que dicha normativa facilita la coyuntura de ganar – ganar entre cada uno de
los participantes en el mercado, lo que obviamente hace más fáciles las
transacciones.
De ahí que la coacción es
necesaria, toda vez que es el Estado quien debe facilitar la infraestructura
legal, jurídica y servicios que permiten el cumplimiento de la ley en la misma
medida para todo el conglomerado, bajo el supuesto o premisa de que esto no
debería permitir conflicto alguno, toda vez que los miembros de la sociedad
aceptan recíprocamente hacerse sujetos de obediencia ante la ley.
Sin embargo, cuando alguno de los
miembros de la sociedad transgrede los límites de la ley por cualquier motivo,
es en ese momento en que debe de aparecer la figura del castigo, como un
disuasor ante las conductas no permitidas ni tampoco aceptadas por la sociedad,
siendo de esta manera como el Estado a través de sus instituciones deberá hacer
cumplir la ley, independientemente de la forma en que el transgresor pueda
saldar su deuda ante la sociedad derivada de esa conducta punible.
Es por ello que esta acción
sustenta en términos generales el hecho de que los individuos su existencia
conjunta gracias a que existen reglas que no son discrecionales, significando
este aserto que, en definitiva, son de observancia obligatoria. De esta manera
los acuerdos entre personas en cuanto a su cumplimiento son indispensables para
asegurar los procesos de libre intercambio y que benefician a todos.
LOS “FREERIDERS”
Esta palabra de origen
anglosajón, se refiere a aquella situación bajo la cual los miembros de la
sociedad contribuyen de forma coactiva y en forma de impuestos, para que el
Gobierno pueda así prestar algunos servicios que, pagados de manera individual,
serían muy onerosos. Sin embargo, suele presentarse la situación particular
bajo la cual algunos individuos ya sea por exoneración, privilegio o desdén,
simplemente no quieren contribuir a costear los servicios en mención, pero en
definitiva, si desean recibirlos, siendo estos los llamados “freeriders” o
“gorrones”.
Esto implica que, el ciudadano
que desea entre otros servicios: limpieza de calles, energía eléctrica, agua
potable, drenajes, parques, museos y carreteras, debe contribuir con sus
impuestos para que los anteriormente mencionados pueden llevarse a cabo, puesto
que siendo esta acción de tipo coactivo y obligatoria para todos los
beneficiarios, no existe de ninguna excusa para no cumplir con ellos.
De esta manera, si un orden
espontáneo representa en sí mismo un contrato entre varios individuos, y si
este permite minimizar los costos de transacción por los servicios recibidos y
que son de beneficio común, no puede de ninguna manera, considerarse como justo
el hecho de que una mayoría los financié a través de sus contribuciones,
mientras que otra minoría, por las razones o justificaciones que sean, reciban
de buen grado esas ventajas, sin contribuir en absoluto en su financiamiento.
Esto en si mismo se constituye como una violación del contrato social.
No es posible entonces, impulsar
acciones anárquicas al más puro estilo hobbesiano, ya que esto debilita la
institucionalidad y empuja a la sociedad a convertirse en irresponsable.
CONSTITUCIONALISMO, DERECHO E
IGUALDAD
La ley, los derechos de propiedad
y las reglas de comportamiento que rigen a una sociedad, no son el resultado de
una conducta idealista ni anárquica, como tampoco se generan del supuesto ideal
socialista que invoca a la igualdad para el logro de sus particulares fines.
Lo anterior se deriva de que,
como en todo sistema social libre, la única igualdad que debe reconocerse, es
la igualdad ante la ley, toda vez que esta es la que permite el mejor desenvolvimiento
en el comportamiento general de sus miembros, lo que significa que en todos los
demás aspectos no existe una igualdad intrínseca tal es el caso de lo
económico, lo político o lo social.
Una de las razonas por las cuáles
es necesario un contrato social, se ve reflejado en el hecho de que, bajo un
sistema anárquico, a los individuos les sería totalmente contraproducente
incurrir de manera constante en gastos para su propia defensa ante la agresión
sistemática y recurrente de terceros, quienes a su vez tendrían el mismo
conflicto de forma inminente.
De esa cuenta, no quedan más que
dos caminos, cada uno de ellos con sus puntos a favor y en contra, siendo el
primero de ellos, pasar por alto el acuerdo general y actuar por cuenta propia,
y el segundo a su vez, correspondería a cumplir dicho acuerdo, respetando los
derechos implícitos de cada parte.
CONTRATO Y SITUACIÓN ACTUAL
Históricamente, puede afirmarse
que de acuerdo a los antecedentes históricos relativos al interior de los
grupos sociales, jamás se ha puesto en evidencia la existencia de un contrato
formal entre los individuos pertenecientes a dichos grupos, de acuerdo a lo
cual, si alguien no ha participado en la aceptación de dicho contrato, pues
definitivamente no tiene la obligación de cumplirlo, puesto que a título
personal jamás lo ha aceptado.
Aún y de acuerdo a lo anterior,
es un hecho evidente que todas las personas están sujetas al cumplimiento
irremisible de la ley, aunque esto no lo hagan obviamente por su propia
voluntad, toda vez que es el Estado el único quien tiene la facultad de hacer
cumplir la ley, aplicando las sanciones o castigos que dentro de sus
estamentos, estén así contemplados, puesto que esta es la mejor manera a través
de la cual, las personas pueden lograr el alcance de sus particulares metas
dentro del grupo social, siendo esta la razón por la cual se requiere cierto
nivel de coacción.
Sin embargo, puede decirse que
existe una particular razón por la cual, los individuos aceptarán someterse a
ese grupo de reglas que son de observancia general y con carácter de
obligatorias, siendo esta, la existencia de una relación contractual, misma que
permite sancionar o amonestar según el caso a todo el que transgreda la ley,
por lo que dicho contrato estará representado por el marco jurídico que tendrá
a bien respaldarlo, con lo cual queda establecido el statu quo constitucional.
EL COSTO DE TENER GOBIERNO
En términos generales, a nadie la
gusta pagar impuestos para financiar las actividades y los servicios que presta
el Estado. Sin embargo, en la misma medida en que los ciudadanos piden que se
reduzcan los tributos, en la misma dimensión y como contraparte, los gobiernos
hacen esfuerzos por imponer ya sea nuevos, o en el peor de los casos
incrementar las tasas de los ya existentes.
El desencanto general expresado
por la ciudadanía, de este modo es manifiesto en una severa crítica en cuanto a
la ejecución de los servicios que el Estado brinda y que, de ninguna manera
llenan las expectativas de la una población que ve, como se expolian sus
bolsillos de forma sistemática. Esta situación que es recurrente en todo
gobierno, sin importar su línea política, no hace más que decepcionar a los
usuarios de dichos servicios, que pagan por algo que no les satisface ni
siquiera de forma parcial.
Pero, aún y a sabiendas de todo
esto, tanto la clase burocrática como la clase política, saben que es gracias a
esto que logran la prevalencia de sus intereses, puesto que la ciudadanía
individual en lugar de demandar el cumplimiento de los deberes de Estado
benefactor, lo que hace en cambio es, pedir más gobierno, con lo cual el
mensaje que se envía es que, si algo no funciona bien o hace falta, debe ser
éste quien lo arregle o lo cubra con su manifiesta intervención.
De esta manera, el Estado o
Gobierno, según se le quiera llamar, debe ejercer funciones de tipo arbitral, o
sea que debe ser el mediador que haga cumplir la ley, en lugar de manipularla y
utilizarla para su propio beneficio, lo cual en el orden de cosas
prevaleciente, se ha convertido así en parte de la cultura del ciudadano común,
que no logra asimilar el hecho de que su propio bienestar no depende de lo que
la figura estatal paternalista haga o deje de hacer, sino que más bien se
encuentra condicionada por su libre actuar.
EL MONSTRUO
El célebre filósofo Thomas Hobbs,
estableció una analogía bastante oportuna por cierto, para referirse al Estado
todopoderoso, interventor y paternalista, y para ello escogió al mítico
monstruo conocido como Leviathan, lo cual es un referente al poder y tamaño que
ostentan los gobiernos a los cuales los mismos ciudadanos les han otorgado el
poder de entrometerse en sus vidas.
A su vez, y a partir de la
corriente cultural e intelectual conocida como renacimiento, el hombre aprende
a tener conciencia de la importancia que posee la ciencia y derivo de esto, el
cuestionamiento general acerca de todo lo que le rodea. Basta recordar que, en
este momento histórico, es la espiritualidad representada en el seno de la
iglesia Católica, la que gobierna el corazón y el pensamiento de los
individuos, y cualquier contradicción en ese sentido, eran considerada de hecho
como una herejía.
Sin embargo, la corriente
renacentista que se deriva de los aportes científicos de los antiguos griegos y
romanos, y que en esa época se encontraba en muy pocas manos privilegiadas, es
al final la mecha que enciende el intelecto humano y que permite así analizar
críticamente todos los aspectos de la existencia terrena, y en este caso se
comienza a cuestionar la forma en que los gobernantes llevan a cabo sus
funciones y la administración del erario público.
En ese sentido se sustituye a un
Dios monoteísta, por otro más tangible y que en este caso lo representa el
Monarca o rey, quien en nombre del bienestar de todos los súbditos de su reino,
lleva a cabo toda una serie de funciones que en realidad, nadie le ha pedido
realizar, y sin embargo, ante la ostentación de poder evidente, los afectados
directamente por las decisiones tomadas por el soberano, no pueden hacer nada
más que soportar sus desvaríos y desatinos.
Todo lo anterior llama
profundamente a la reflexión con relación a los tiempos actuales, ya que de
todos es sabido que, cuando los gobiernos se entrometen en el camino del libre
mercado, prestando servicios que no son eficientes, es cuando en realidad menos
puede hacer, ya que encuentra limitaciones tan evidentes como un presupuesto
que año con año es insuficiente, por lo que su falta de recursos terminal
pagándola al final con una crisis generada por la expansión monetaria y
crediticia que solamente empobrece a una sociedad que se ha convertido en
gobierno – dependiente e inútil ante el tamaño y poder del Leviathan de la
burocracia.
Quetzaltenango, 13 de marzo de
2015.
Bibliografía
Buchanan, J. M.
(1975). The limits of liberty, between Anarchy and Leviathan (Vol. 7).
Indianapolis:
Liberty Fund.
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