LA
FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE UN GOBIERNO
OMNIPOTENTE.
“Si
la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en el Estado
intervencionista, no le faltan razones…” Ludwig Von Mises
Es un hecho más que evidente que a partir del mes de
abril del año 2015, se marca en todo el país una verdadera revolución de la
conciencia ciudadana ante los casos de corrupción denunciados y dados a conocer
tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala a través de los diferentes medios de comunicación.
Las situaciones ya conocidas y que abarcan de esa fecha
para la presente a casos como el de “La
línea”, IGSS - PISA, las plazas fantasmas en el Congreso, TCQ, antejuicio tanto
a alcaldes como diputados y hasta a magistrados, son el reflejo de ese
descontento entre una población mejor informada y en donde juegan un papel
determinante las Tecnologías de Información que permiten conocer en tiempo real
el desarrollo de los acontecimientos más relevantes en el país.
Puede notarse que esta cultura de corrupción que tanto
daño le hace al país, ha estado presente en todos y cada uno de los gobiernos
que han ejercido el poder desde el mismo proceso independentista en el año
1821, lo cual demuestra que la situación actual de muchas maneras es el
resultado de esa herencia tan nefasta y que ha sido transmitida de una
generación político partidista a otra.
Ahora bien, este desorden manifiesto en los actos de
la administración y la gestión pública había sido algo generalmente aceptado
con resignación por parte de los ciudadanos quienes hasta hace muy pocos años
se limitaban a observar el curso de los acontecimientos y a opinar de manera
muy discreta acerca de los mismos so pena de sufrir algún vejamen o represalia
por parte de los integrantes del así llamado “Gobierno omnipotente”.
De esa cuenta, la situación ha cambiado radicalmente ya
que los ciudadanos que ven directamente afectados sus intereses a través de las
evidentes fallas del Estado y que abarcan a los sistemas de salud, educación,
seguridad, infraestructura y servicios básicos, han alzado de esta manera su
voz rechazando tajantemente estas acciones y demandando que se deduzcan
responsabilidades a todos aquellos funcionarios señalados y que integran a este
sistema corrompido hasta la médula y carente de transparencia.
Derivado de todo lo anterior, lo que los ciudadanos
guatemaltecos deben entender, es que tanto la corrupción como la falta de
transparencia en los procesos, no es más que el resultado de contar con un
gobierno que se ha adjudicado a través del voto popular la potestad de ejercer acciones
ilimitadas en la gestión pública, mismo que les ha permitido ampliar su círculo
de poder, lo cual en definitiva permite así que en términos organizacionales
sea cada vez más difícil ejercer control sobre las diferentes dependencias del
Estado y por ende sobre sus funcionarios y personal, siendo este el principal
problema que debe abordarse para asegurar que este tipo de situaciones no
vuelvan a repetirse, pero esto depende asimismo de la vigilancia permanente que
los guatemaltecos deben observar en todas las esferas del quehacer político, lo
cual puede lograrse a través de una mayor participación y denuncia ciudadana.
Así, y partiendo de estas premisas, se hace necesario
replantear cuál debe ser el papel del Estado en la vida política, económica y
social del país y asimismo, cuáles deben ser sus funciones, puesto que cada
gobierno que llega al poder lo que hace es incrementar las mismas a través de
la creación de instituciones burocráticas, inútiles e ineficientes que solo
sirven para pagar favores políticos y que drenan recursos invaluables para
aquellas funciones que sin son prioritarias y que se mencionaron previamente.
Por lo tanto, los organismos encargados de impartir
justicia son de esta manera, quienes jugarán en los próximos años el rol
determinante que podría minimizar el flagelo de la corrupción en el país
siempre y cuando prevalezcan el sentido común y el apoyo de la ciudadanía que
estará atenta ante sus acciones.
Es evidente entonces, que la forma de hacer las cosas
en Guatemala está cambiando notablemente, ante lo cual los presidentes,
ministros, diputados, funcionarios y trabajadores del Estado como también
algunos miembros del sector privado deberán conducirse con la mayor rectitud y
honestidad posibles, ya que a partir de estos cambios impulsados por los
miembros de la sociedad civil, todo aquel que intente cometer un ilícito pagará
las consecuencias de su mal proceder, siendo esto muy probablemente el primer
indicador de que es necesario limitar así, el poder de los gobiernos
omnipotentes.
Quetzaltenango, Junio de 2016
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